A principios de eta smana que está por concluir, el ejército mexicano, con el apoyo de las fuerzas policiacas federales, llevó a cabo un operativo en que fueron detenidos 10 alcaldes y 17 funcionarios del gobierno del estado de Michoacán. El asunto es importante porque en el citado operativo, las autoridades federales, garante de la paz pública y el estado de derecho, transgredieron abietamente la ley violando el estado de derecho, lo que resulta por demàs preocupante. En efecto, en el operativo, se violaron los artículos 14. 16, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos, rompiéndose el estado de dereho y vioánose las grantías individuales a las que los funcionarios y gobernates municipales, como individuos, tienen derecho. Màs preocupante resulta el hecho debido a que se puso en evidencia que el gobierno federal, encabezado por Felipe Claderón, hace un trato diferenciado y desigual a los gobernadores de los estados y presidentes municipales. Como lo han hecho notar académicos y especialistas en derecho constitucional y seguridad nacional, hace unos días atrás, se llevó a cabo un operativo similar en el estado de Morelos, pero como el gobernador de esa entidad es de extracción panista, entonces si se pusieron en práctica todos los procedimientos prescritos por la ley, y se otorgaron al gobernador del estado morelense todas las consideraciones del caso. No así en el estado de Michoacán, cuyo gobernador, Leonel Godoy es de filiacción perredista. Si no hubo mala intención, ciertamente parece haberla, porque ante una situación similar, ante los mismos supuestos, hay un trato diferente. Se respeta a unos, los que comparten la misma ideología y partido político y se desprecia y minusvalora a otros porque piensan diferente, porque emanaron de un partido de oposición. Estamos pués ante una situación en extremo delicada que pone en muy grave peligro al estado de derecho que tanto se presume en discursos y delclaraciones públicas, pero que tan poco se defiende en el terreno de los hechos. Es urgente una explicación por parte de las autoridades federales respetcto a las razones que los impulsaron a actuar de manera tan diferente en casos equivalentes. Pero aun más necesario es el apego al estado de derecho, a su normatividad y  a sus procedimientos.
Como ciudadano, estoy a favor del combate a la delincuencia organizada, al narcotráfico y otras manifestaciones delincuenciales, pero por ningún motivo avalo la violación de la ley para querer combatirlas, por buenas y nobles que sean las intenciones de las autoridades. No se puede lograr el bien haciendo el mal, no se puede combatir la delincuencia convirtiéndose en un delincuente más. 
Si como algunos maliciosamente han pensado, esto se trata de una venganza o una purga contra un gobernante de oposición, o de un acto con fines electorales, creo que los ciudadanos tenemos no sólo el derecho, sino la seria obligación de pensar muy cuidadosamente por quién vamos a votar en el ya próximo proceso electoral; no debemos votar por quienes hacen un uso faccioso del poder y la justicia. El bien solamente se puede lograr mediante el bien.  

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