El día de ayer, lunes 21 de septiembre, frente a las instalaciones de la Cámara de Diputados, Andrés Manuel López Obrador, líder del Frente Amplio Progresista, presentó una propuesta económica alternativa, al proyecto presentado por el presidente Felipe Calderón. La propuesta lopezobradorista pretende recaudar 500 mil millones de pesos por dos vías: un programa de austeridad en el gasto gubernamental, en el que se incluye una reducción del 50% en sueldos y prestaciones y, la recaudación de 300 mil millones a través del cobro a quines más dinero tienen, (grandes empresarios y banqueros), y han eludido el pago de impuestos por los vacios de la ley y los acuerdos cupulares con el gobierno calderonista. Su propuesta nos parece sensata y coherente, si de lo que se trata es de equilibra las finazas públicas, pero sobre todo favorecer a los sectores más bajos y empobrecidos de la estructura económica del país.  Ciertamente hay que reducir lo sueldos  y prestaciones millonarios que se han asignado los altos funcionarios públicos, que han hecho del gobierno una "caja grande" para satisfacer su exesivo afán de lucro. Pero hay también que legislar con el fin de reorientar el gasto público a la satisfaccion de las necesidades más urgentes y apremiantes de la sociedad, como es la generación de empleos, la seguridad social, el cuidado de la salud, la educación, capacitación y adiestramiento;  la seguridad y la obra pública. La dsicrecionalidad con la que cuenta hoy el poder ejecutivo debe ser acotada para que se repete y priorice el gasto con fines sociales.
Otros aspecto de la propuesta lopezobradorista debería, en nuestra opinión, orientarse a poner un alto a la prepotencia y la soberbia del poder judicial. Quienes hoy dicen impartir justicia han dado un muy claro ejemplo de ser precisamente ellos, los abanderados de la injusticia, el nepotismo, la insensibilidad frente a las necesidades y carencias del pueblo mexicano. La grosería de los ministros y jueces no sòlo es ofensiva para la ciudadanía, sino una descarada burla al orden jurídico repúblicano, que demanda en estos tiempos austeridad, mesura y, buen juicio.
El poder legislativo debe poner en orden a loos representantes del poder judicial ya que elos no son capaces por sí mismos de hacerlo.
Aplaudimos toda iniciativa encaminada a terminar de una vez por todas con los abusos de la clase política mexicana esten en el poder que estén y sea cual fuera su nivel, federal, estatal o municipal.  
 

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