Viernes, 03 de febrero de 2012

¿Son las empresas públicas monopolios? En nuestra particular opinión, la respuesta es no. No lo son porque las empresas públicas no son propiedad del gobierno, sino del Estado-nación, o más claramente dicho, de la sociedad. El gobierno pude llegar a administrarlas pero no son suyas. Tampoco o son porque, dependiendo del caso, muchas empresas públicas conviven con empresas privadas en su mismo campo de acción. En algunos casos, y dependiendo de cada nación, ciertas empresas pueden ser las únicas en cierta rama de la actividad económica, pero aun así, no se les puede ni se les debe considerar empresas monopólicas. Tal es el caso del petroleo en México, o la minería en Chile, etc.

¿Deben esas empresas ser privatizadas? Una vez más la respuesta es no, en la medida en que llevan a cabo una función estratégica para la economía y la soberanía de un país. Pueden privatzarse aquellas empresas en que los particulares pueden llevar a cabo sus funciones empresariales sin dañar a la sociedad ni poner en riesgo la soberanía nacional. Esas empresas pueden ser vendidas o cedidas a empresarios o a coopertaivistas, que puedan obtener de ellas legítimas ganancias, sin descuidar los derechos laborales de sus empleados y brindando un verdadero servicio público que beneficie a la sociedad.

¿Quien puede adquirirlas? Sin duda aquellos que además de tener el capital suficiente para la compra, tiene los recursos financieros para que estas operen eficientemente, beneficiando a los dueños (inversionistas o cooperativistas) , directivos, empleados, consumidores y proveedores. No es pues una sunto meramente económico, sino también ético, social y político.

¿Debe el gobierno a nombre del estado vender o ceder las empresas públicas? Sí, pero sólo en la medida en que quede garantizado que el particular prestará un servicio igual o mejor que el administrador estatal y que se garantice también, que no se pone en peligro el bien colectivo de la sociedad.

¿Qué no pude venderse? Aquellas entidades estatales cuya función es el bien de la colectividad que corresponde al Estado proteger y cuidar. De tal manera que las instituciones de seguridad social (salud, vivienda, apoyo a la tercera edad, pensiones) y pública, a educación  deben permanecer en manos del Estado. ´Pese a que el Estado liberal debe proteger y promover la libertad política, y económica  de los ciudadanos, también es su clara obligación ineludible e irrenunciable establecer y mantener las condiciones propicias para la igualdad de oportunidades en todos los campos de la vida social. Una cosa es que a partir de unas condiciones por lo menos equitativas de base, el individuo o empresa haga su mejor esfuerzo para destacar en su ámbito de acción y otra que se deje a unos y otras en una precaria situación de competencia desleal e inequitativa, que es por lo que en los hechos ha abogado el neoliberalismo. No hay condiciones de competencia equitativa cuando, por ejemplo, en el mismo campo de acción, se encuentran individuos que han tenido a una educación superior de calidad, contra quienes a duras penas han accedido a educación primaria de mala calidad. Tal situación no hace sino reproducir la desigualdad social en una de sus formas más negativas. Y el Estado debe evitar que eso suceda, para eso están las instituciones y empresas públicas, entre otros fines.   


Publicado por pedro_aureo @ 16:10
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